CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La senadora de Morena, Guadalupe Chavira, anunció que el Senado revisará la regulación y el funcionamiento de las escuelas militarizadas privadas, tras la muerte de Dafne Zapata, una adolescente de 13 años ocurrida en una institución de este tipo en Tamaulipas.
La legisladora sostuvo que estos planteles operan al amparo de un decreto expedido hace ocho décadas, el cual, afirmó, resulta insuficiente para proteger la vida y la integridad de niñas, niños y adolescentes.
“La tragedia ocurrida con Dafne, de quien se investiga asfixia bajo el agua, nos debe llamar a la reflexión y a la acción. Esas escuelas no tienen facultades para organizar campamentos de verano o para autorizar salvajadas como las ‘novatadas’, que terminaron en la muerte de una niña de 13 años supuestamente a manos de adolescentes que ahora seguirán su vida en la cárcel. Se debe investigar a las autoridades del plantel y hacer justicia”, señaló la legisladora en un comunicado.
Chavira planteó la necesidad de establecer un nuevo marco legal para regular estos centros educativos y poner fin a las irregularidades que, dijo, persisten en su funcionamiento. También propuso definir con claridad las facultades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para supervisar estos planteles, ya que el reglamento vigente, expedido en 1943, asigna esa responsabilidad a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La senadora recordó que el caso de Dafne no es el primero relacionado con una escuela militarizada. En 2025 se conoció la muerte de Erick Leonardo Terán Torbellín, de 13 años, cuya familia denunció que falleció tras presuntos actos de tortura y maltrato físico durante un campamento organizado por la Academia Militarizada Ollin, en Morelos.
De acuerdo con la denuncia, una docena de estudiantes lo golpeó hasta provocarle lesiones que derivaron en su muerte.
Sobre ese caso, recordó que la SEP informó que la Academia Militarizada Ollin operaba con el acuerdo de incorporación SECR-09220030, emitido en mayo de 2022.
Agregó que, un mes después de haber sido clausurado mientras era investigado, el plantel reanudó actividades mediante clases en línea, pese a enfrentar otras ocho denuncias por presunto maltrato. La institución justificó esa decisión al señalar que el alumnado “tiene derecho a continuar su formación, aún en medio de circunstancias adversas”.
